La Policía Nacional recomendó ayer al Poder Ejecutivo la cancelación
de cinco agentes que participaron en el operativo para controlar una
protesta escenificada el pasado jueves en la Universidad Autónoma de
Santo Domingo (UASD), por no aplicar el procedimiento correspondiente en
este tipo de manifestación.
En una reunión del Consejo Superior Policial realizada en la mañana
de ayer, se ordenó el retiro de las filas de la institución del teniente
coronel Ernesto Díaz Quezada, el capitán Marcelo Alcántara Valdez, el
primer teniente Guillermo Rosario Guerrero, el segundo teniente Gabino
Castro Lucas y el raso Eder Alexander Matos Feliz.
A estas cancelaciones se suma la del raso Jairon Medrano Germosén,
quien fue enviado a la justicia y próximamente se le conocerá medida de
coerción. A él se le acusa de matar de un disparo al estudiante de
medicina William Florián Ramírez.
El vocero de la Policía, general Máximo Báez Aybar, espera que la
expulsión de estos oficiales sirva de mensaje a los demás miembros de la
institución para que actúen sin excesos. También exhortó a la
ciudadanía a que ejerza su derecho a la protesta, pero de manera
pacífica.
El máximo organismo policial, encabezado por el mayor general José
Armando Polanco Gómez, jefe de la institución, se reunió por más de
cinco horas en el salón del Consejo Superior Policial, donde estuvieron
presentes el general Ricardo Rosa Chupani, en representación del
Ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul.
También estuvo presente la procuradora general adjunta, Carmen Díaz
Amézquita, en representación del procurador general de la República,
Francisco Domínguez Brito; el subjefe de la Policía, general Víctor
Antonio Campusano Jiménez; el general Neivis Pérez Sánchez, director
Nacional de Seguridad Preventiva; el jefe de la Dirección Nacional de
Control de Drogas, Rolando Rosado Mateo, entre otros.
La comisión que investiga el caso está encabezada por el general
Frener Bello Arias, inspector de la Policía, y la integra el coronel
Manuel Jiménez Feliz, del Departamento de Investigaciones de Homicidios,
quienes trabajan en coordinación con el ministerio público.
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